Reclamar pensiones de alimentos impagadas y atrasadas es una situación a la que muchos de nuestros clientes se tienen que enfrentar como consecuencia del incumplimiento de medidas por parte del ex cónyuge. 

Es frecuente tener dudas sobre cómo se puede reclamar, las consecuencias de la reclamación e incluso si esa reclamación puede llevar a la carcel a quien no ha pagado las pensiones de alimentos, pues muchas veces no se reclama por miedo a que, aunque no pague la pensión, esa reclamación meta en la carcel al padre/madre de nuestros hijos.

En esta entrada vamos a tratar las opciones de reclamar pensiones de alimentos, las consecuencias y los costes.

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Reclamar pensiones de alimentos en vía civil: la demanda de ejecución.

Una primera posibilidad para reclamar pensiones de alimentos es la vía civil. Esta posibilidad permite solicitar al juez que dictó la sentencia de divorcio o separación que requiera al otro progenitor para que cumpla con la sentencia y pague las pensiones de alimentos impagadas.

En esta opción se necesita contratar a un abogado y un procurador de los tribunales, los cuales se encargarán de redactar y presentar la demanda de ejecución ante el juzgado competente.

Una vez presentada la demanda, el juez le mandará una copia al demandado y le dará un plazo para que pague las cantidades que se le están reclamando o para que se oponga o se niegue al pago.

Si se niega al pago, tendrá que justificar por qué no quiere pagar. Las causas para oponerse a la ejecución están previstas en la ley, cuya concurrencia requiere de la existencia de unos requisitos. Por ejemplo, es causa de oposición un defecto formal en la demanda, pero no es causa de oposición que no pueda pagar la pensión de alimentos por haberse quedado en paro, por ejemplo.

Si paga, el juez nos entregará un mandamiento de devolución (es una especie de cheque nominativo) que podrá hacerse efectivo.

abogado getafe divorcioSi se niega a pagar y se opone, el juez podrá convocar a las partes a un juicio en el que se discutirá si efectivamente tiene la obligación de pagar la pensión y si concurre alguna causa legal que justifique el impago de la pensión de alimentos. Puede suceder que el juez considere que no es necesario que se celebre el juicio y dicte una resolución que ponga fin al procedimiento y o bien obligue al pago, o bien desestime la ejecución.

Lo habitual, tratándose de pensiones de alimentos, es que el juez dicte una resolución por la que obligue al pago de las pensiones impagadas.

El embargo de cuentas corrientes y salarios

En la vía civil existe la posibilidad de pedirle al juez que embargue las cuentas bancarias y salarios del incumplidor de medidas definitivas. 

Se trata de una medida de ejecución forzosa que permite asegurar el cumplimiento de la obligación, es decir, permite que las pensiones de alimentos se paguen aunque el obligado a pagarlas se niegue.

Para llevar a cabo este embargo, el juez dispone de una especie de aplicación informática con la que puede tener información sobre el patrimonio del demandado, por lo que podrá conocer si tienes cuentas bancarias, el saldo, el banco en el que las tiene, etc.

También podrá saber si está trabajando o percibe algún tipo de pensión o ayuda, y cuánto cobra. Se puede saber, incluso, si tiene algún coche o moto, si tiene algún inmueble, etc.

Toda esta información obtenida a través de un procedimiento que se llama averiguación patrimonial permite saber qué bienes tiene el demandado y, si no paga o se niega a pagar, embargarle aquellos que sean necesarios para cubrir las pensiones de alimentos impagadas.

Reclamar pensiones de alimentos en vía penal: la denuncia.

La vía penal permite reclamar pensiones de alimentos impagadas pero, a la vez, exigir que se le imponga un castigo a quien no ha cumplido su obligación.

Esta modalidad, al contrario que la vía civil, no requiere que contratemos un abogado y un procurador, por lo que puede ser más interesante a la hora de reducir los costes para reclamar pensiones de alimentos. Ahora bien, no siempre es viable esta forma de reclamar.

La reclamación en vía penal se inicia con la interposición de una denuncia contra el obligado a pagar la pensión de alimentos. Esta denuncia se puede presentar en la comisaría más cercana, en el juzgado de guardia o en la fiscalía.

En la denuncia tendremos que explicar que existe una sentencia que obliga a pagar una pensión de alimentos por un determinado importe, tendremos que dar los datos de identificación de esa persona obligada a pagar la pensión (nombre, apellidos, domicilio y número de teléfono si los conocemos) y, además y muy importante, tendremos que decir desde cuando se está produciendo el impago de la pensión de alimentos.

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Para que el impago de la pensión de alimentos sea considerado delito, dice nuestro Código Penal que tiene que producirse el impago de, al menos, 2 meses consecutivos o de 4 meses no consecutivos. El impago de un solo mes no es considerado delito, por lo que si presentamos denuncia, el juez lo archivará sin darle ningún trámite.

La vía penal está prevista para los casos más graves, por lo que el juez debe ser muy cauto a la hora de iniciar un procedimiento penal contra una persona por no pagar la pensión de alimentos. Y ello porque en España no existe el delito de impago o el delito de deudas, es decir, tener deudas o no pagar no es un delito por el que alguien pueda acabar en la carcel.

Para que la vía penal prospere y no sea archivada tiene que darse el requisito de que se hayan impagado dos meses consecutivos o cuatro no consecutivos, pero también tienen que darse otros dos elementos:

  • El dolo: el obligado a pagar la pensión tiene que saber que está obligado a pagar la pensión y, pese a ello, no querer pagarla.
  • La capacidad económica: el obligado a pagar la pensión tiene que tener posibilidad económica de pagar la pensión de alimentos, o una parte; y, pese a poder pagar la pensión de alimentos, no hacerlo.

En la vía penal solicitamos que el Estado imponga un castigo a quien impaga la pensión de alimentos. Castigo que el Código Penal contempla que pueda ser una pena de multa o la pena de prisión. Esta última, la prisión, está contemplada para los casos más graves y normalmente los jueces prefieren imponer una multa por cuanto que si una persona ingresa en prisión es más dificil que pague y, por tanto, suele producirse un nuevo impago.

En cuanto a la multa, ésta es proporcional a la capacidad económica del denunciado, por lo que, en principio, no existe un importe mínimo o máximo.

Además, por vía penal podemos solicitar la responsabilidad civil derivada del delito, es decir, que se le ordene pagar las pensiones impagadas, si bien queda condicionado a que finalmente sea condenado por el delito, por lo que si se le absuelve, no se le condenará a pagar las pensiones impagadas y tendremos que acudir a la vía civil.

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